Tras cerca de 12 horas de negociación, los ministros de Trabajo lograron sacar adelante una propuesta que llevaba varios años bloqueada y que, ahora, debe ser aprobada por el Parlamento Europeo (PE) para su entrada en vigor.

España, que ha sido uno de los países más críticos con esta posibilidad, se abstuvo en la votación y, junto a Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría, presentó una declaración en la que aseguró no poder aceptar el texto por el 'retroceso social' que supone.

La reforma de la directiva de Tiempo de Trabajo consagra la hasta ahora transitoria cláusula del 'opt out' -introducida en su día a petición del Reino Unido- que ofrece a los empleados la posibilidad de trabajar por encima del máximo vigente de las 48 horas semanales.

El texto acordado por los ministros establece que este límite -que sigue siendo el oficial- podrá superarse en caso de acuerdo entre el trabajador y el empresario, siempre por debajo de un techo máximo que queda fijado en 65 horas a la semana si se incluyen períodos de guardia.

Sin ellos, el límite estará en 60 horas semanales, a no ser que exista un convenio colectivo o un acuerdo entre patronal y sindicatos que ponga un tope más alto.

Finalmente, y por las presiones de Francia, la directiva se aplicará a todos los contratos de más de 10 semanas de duración y no sólo a aquellos de más de cuatro meses, como establecía el texto presentado esta mañana por la Presidencia de turno eslovena.

Además, los países acordaron que la Comisión Europea (CE) evalúe el nuevo sistema y presente una nueva propuesta para revisar la directiva, incluida la cláusula del 'opt out'.

España ha sido desde el primer momento uno de los grandes opositores de la ampliación de la jornada laboral, pero en los últimos meses perdió el apoyo de sus principales aliados en esta negociación, Francia e Italia, con los que había bloqueado en varias ocasiones la reforma.

El texto pactado hoy, tras horas de debate, introduce varias salvaguardas llamadas a asegurar que el empleado que trabaje por encima de las 48 horas a la semana lo haga de forma voluntaria y no obligado por el empresario.

La propuesta ha salido adelante, en parte, gracias a la prisa de muchos países por aprobar una norma que les permita dejar de incumplir la actual legislación, algo que ocurre de forma continuada en sectores como el de la sanidad.

El Tribunal de Justicia de la UE ha reiterado en distintas sentencias que los períodos inactivos de las guardias deben ser considerados tiempo de trabajo, frente a la posición de la mayoría de países que lo rechaza por el coste que la medida implicaría para los sistemas públicos de Sanidad.

Hoy, los ministros han reafirmado su pacto para que estas horas no sean contabilizadas como trabajo, a menos que así lo establezca la legislación nacional, aunque señalan que tampoco deberían considerarse tiempo de descanso.

En paralelo, los países de la UE han acordado la equiparación salarial de los trabajadores cedidos por Empresas de Trabajo Temporal (ETT) con sus compañeros contratados directamente a partir del primer día de contrato, algo que ya ocurre en España.

La directiva pactada por los ministros incluye una excepción para aquellos países donde exista un acuerdo entre la patronal y los sindicatos en este ámbito, caso del Reino Unido -que hasta ahora había bloqueado el texto-, donde la igualdad salarial se da a partir de 12 semanas de contrato.