El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer iniciar los trámites del anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, que regulará el derecho constitucional de los ciudadanos a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación familiar, económica y social.

El anteproyecto tiene como punto de partida la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, que en su Artículo 25 establece que "la Ley regulará el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten", según informó la Junta de Andalucía.

El acceso a una vivienda se regirá por los ingresos familiares, según sean inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que sustituye al Salario Mínimo Interprofesional, o superiores pero insuficientes para acudir al mercado libre.

En el primer caso, se garantizará el acceso a una vivienda pública en alquiler, cuya cuota no podrá ser superior al 25% del Iprem vigente (570 euros). Así, todos los andaluces con rentas inferiores a los 500 euros al mes tendrán derecho a un hogar en alquiler por el que no paguen más del 25% de su renta. Si las rentas fueran superiores al Iprem, se establecerá una oferta de viviendas, tanto en venta como en alquiler, distribuidas en función de los niveles adquisitivos.

Para los que ganen más de 500 euros al mes, el anteproyecto establece que podrán acceder a una vivienda protegida si no superan en 5,5 veces el Iprem (3.100 euros mensuales actualmente).

Las ayudas públicas también variarán, con el objeto de garantizar que la cuota mensual no supere un tercio de los ingresos familiares en la adquisición, ni una cuarta parte en el caso de alquiler.

Los ayuntamientos elaborarán planes de vivienda donde se definan las necesidades concretas de los vecinos de cada municipio y los recursos para satisfacerlas. Además, los planes autonómicos de vivienda determinarán las tipologías de vivienda y financiación de las mismas.

El anteproyecto también tendrá en cuenta la calidad en la construcción de vivienda libre, ya que para que sea considerada digna, deberá asegurar que su construcción respeta criterios de sostenibilidad, facilite el acceso a servicios y equipamientos públicos y garantice la accesibilidad para personas dependientes o con discapacidad.

Solbes, reacio a leyes como la andaluza

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en declaraciones a la Cadena Ser ha puesto en duda la conveniencia de leyes como la propuesta por la Junta de Andalucía que pretende garantizar por ley un piso a quien gane menos de 3.000 euros.

Solbes afirma que "yo nunca soy partidario de grandes leyes de reconocimiento de derechos para toda la vida".

"Son cosas que suenan bien, pero luego hay que aplicarlas, y aplicarlas significa restricciones económicas, criterios...", sostiene el vicepresidente del Gobierno.

"Soy mucho más partidario de programas específicos de actuación" que de leyes generalistas como la que quiere poner en marcha el Ejecutivo de Manuel Chaves, insistió.

"El objetivo que se pretende me parece un objetivo loable", admitió Solbes, en el sentido de que "la gente de menores ingresos disponga de una vivienda digna. Nadie estamos en contra".

Pero el "que sea la mejor fórmula la que se ha planteado, habrá que verlo con mucho detalle", agregó el vicepresidente económico del Gobierno.

La primera cuestión que se pregunta Solbes es "si han calculado bien lo que les costará", si "lo saben bien y lo tienen controlado para los próximos años".