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La corrupción enfanga las municipales.
Los escándalos urbanísticos salpican a toda España a pocos meses de las elecciones.
Los partidos políticos encaran la recta final hacia las elecciones municipales en medio de una pléyade de escándalos urbanísticos que afectan tanto a PP como a PSOE. Desde diferentes foros, se propugna ya la necesidad de que todos los ediles hagan declaración de bienesantes de acceder al cargo y después de abandonarlo.
La carrera electoral de los comicios autonómicos y locales, que se celebrarán el próximo mes de mayo, ha arrancado con los pies sumergidos en el fango de la corrupción urbanística. Los escándalos locales iniciados el pasado mes de marzo con el inicio de la operación Malaya en Marbella se extienden en las últimas semanas como una mancha de aceite, destapando nuevos casos de connivencia entre munícipes ambiciosos y constructores sin escrúpulos.
Apenas el ciudadano trata de conocer un escándalo: Ciempozuelos (Madrid), Seseña (Toledo), Cullera (Valencia), Navas del Marqués (Ávila), ya está en los medios de comunicación el siguiente: Nigrán (Pontevedra), Telde (Gran Canaria)... Como si el barro que enturbia la vida política de los ayuntamientos no distinguiese de geografías ni colores políticos. Como si los ladrillos estuviesen contagiados por una epidemia que los obliga a reproducirse.
La judicialización de ciertos casos como el de Marbella, con más de 50 detenidos; el de Telde, con seis miembros de la corporación local en libertad condicional, o el de Ciempozuelos, con dos ex alcaldes en prisión preventiva, no han hecho más que destapar otras decenas de situaciones sobre las que existen fundadas sospechas de una planificación urbanística basada exclusivamente en las enormes plusvalías que genera la edificación de miles de viviendas. Son difícilmente abarcables los casos de urbanizaciones que multiplican la población de pequeños municipios cuyos ayuntamientos carecen de la capacidad técnica para ordenar las ambiciosas propuestas de los constructores.
Los principales partidos políticos, que asumieron tímidamente los primeros casos públicos como armamento pesado para disparar contra el oponente, no han tenido más remedio que asumir que todos tienen entre sus filas casos de alcance, además de un archivo repleto de sospechas. A estas alturas todos temen ya poner en marcha un ventilador cuyos efectos les perjudicaría a todos. Y si no, basta comprobar lo ocurrido cuando los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos entraron en prisión por presunto cobro de comisiones ilegales. A los dirigentes del PPse les llenó la boca de críticas sobre corrupción del PSOE. Escasos días después, seis concejales grancanarios del PP eran detenidos por la policía con el fraudulento rastro de las comisiones recibidas a cambio de contratos municipales.
Incluso existen determinadas situaciones como la de Quijorna (Madrid), donde PP y PSOE han olvidado sus diferencias ideológicas y han sumado sus fuerzas para diseñar un futuro de cemento que en los próximos diez años multiplicará por 15 su actual población de la localidad (2.000 habitantes).
El trabado inicio de la siguiente carrera electoral arranca pues con el obstáculo de convencer a los electores de que todos los políticos no persiguen únicamente su lucro personal. Desde diferentes foros ya hay quien propugna la necesidad de que todos los concejales presenten una declaración de bienes antes de acceder al cargo y después de abandonarlo, como si la carga de la prueba correspondiese a los ediles, es decir, como si sobre ellos recayese la presunción de culpabilidad.
Esas dudas sobre la honestidad de los políticos llegan en el peor momento para los principales partidos, a escasos meses de las elecciones municipales, aquellas en las que los ciudadanos eligen a los gestores más próximos, que son precisamente los responsables de la ejecución de la política de vivienda. La magnitud del fenómeno y la imposibilidad de conocer todos los casos propicia que la sospecha se extienda a todos los municipios a lo largo y ancho del país, independientemente del signo político que esté rigiendo la vida municipal.
Es difícil prever qué puede ocurrir en mayo si los partidos no consiguen despejar la duda sobre la honestidad de al menos una inmensa mayoría de los candidatos que concurrirán a los próximos comicios, algo que no parece sencillo a tenor de la sucesión de escándalos y la gravedad de éstos. Si no es así, el primer reto de los políticos será persuadir a los ciudadanos de que tiene sentido que salgan de sus casas para votar. Especialmente a los jóvenes, desilusionados con las dificultades para encontrar un primer empleo razonablemente remunerado y acceder a una vivienda cuyos precios son inalcanzables.
Los escándalos urbanísticos salpican a toda España a pocos meses de las elecciones.
Los partidos políticos encaran la recta final hacia las elecciones municipales en medio de una pléyade de escándalos urbanísticos que afectan tanto a PP como a PSOE. Desde diferentes foros, se propugna ya la necesidad de que todos los ediles hagan declaración de bienesantes de acceder al cargo y después de abandonarlo.
La carrera electoral de los comicios autonómicos y locales, que se celebrarán el próximo mes de mayo, ha arrancado con los pies sumergidos en el fango de la corrupción urbanística. Los escándalos locales iniciados el pasado mes de marzo con el inicio de la operación Malaya en Marbella se extienden en las últimas semanas como una mancha de aceite, destapando nuevos casos de connivencia entre munícipes ambiciosos y constructores sin escrúpulos.
Apenas el ciudadano trata de conocer un escándalo: Ciempozuelos (Madrid), Seseña (Toledo), Cullera (Valencia), Navas del Marqués (Ávila), ya está en los medios de comunicación el siguiente: Nigrán (Pontevedra), Telde (Gran Canaria)... Como si el barro que enturbia la vida política de los ayuntamientos no distinguiese de geografías ni colores políticos. Como si los ladrillos estuviesen contagiados por una epidemia que los obliga a reproducirse.
La judicialización de ciertos casos como el de Marbella, con más de 50 detenidos; el de Telde, con seis miembros de la corporación local en libertad condicional, o el de Ciempozuelos, con dos ex alcaldes en prisión preventiva, no han hecho más que destapar otras decenas de situaciones sobre las que existen fundadas sospechas de una planificación urbanística basada exclusivamente en las enormes plusvalías que genera la edificación de miles de viviendas. Son difícilmente abarcables los casos de urbanizaciones que multiplican la población de pequeños municipios cuyos ayuntamientos carecen de la capacidad técnica para ordenar las ambiciosas propuestas de los constructores.
Los principales partidos políticos, que asumieron tímidamente los primeros casos públicos como armamento pesado para disparar contra el oponente, no han tenido más remedio que asumir que todos tienen entre sus filas casos de alcance, además de un archivo repleto de sospechas. A estas alturas todos temen ya poner en marcha un ventilador cuyos efectos les perjudicaría a todos. Y si no, basta comprobar lo ocurrido cuando los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos entraron en prisión por presunto cobro de comisiones ilegales. A los dirigentes del PPse les llenó la boca de críticas sobre corrupción del PSOE. Escasos días después, seis concejales grancanarios del PP eran detenidos por la policía con el fraudulento rastro de las comisiones recibidas a cambio de contratos municipales.
Incluso existen determinadas situaciones como la de Quijorna (Madrid), donde PP y PSOE han olvidado sus diferencias ideológicas y han sumado sus fuerzas para diseñar un futuro de cemento que en los próximos diez años multiplicará por 15 su actual población de la localidad (2.000 habitantes).
El trabado inicio de la siguiente carrera electoral arranca pues con el obstáculo de convencer a los electores de que todos los políticos no persiguen únicamente su lucro personal. Desde diferentes foros ya hay quien propugna la necesidad de que todos los concejales presenten una declaración de bienes antes de acceder al cargo y después de abandonarlo, como si la carga de la prueba correspondiese a los ediles, es decir, como si sobre ellos recayese la presunción de culpabilidad.
Esas dudas sobre la honestidad de los políticos llegan en el peor momento para los principales partidos, a escasos meses de las elecciones municipales, aquellas en las que los ciudadanos eligen a los gestores más próximos, que son precisamente los responsables de la ejecución de la política de vivienda. La magnitud del fenómeno y la imposibilidad de conocer todos los casos propicia que la sospecha se extienda a todos los municipios a lo largo y ancho del país, independientemente del signo político que esté rigiendo la vida municipal.
Es difícil prever qué puede ocurrir en mayo si los partidos no consiguen despejar la duda sobre la honestidad de al menos una inmensa mayoría de los candidatos que concurrirán a los próximos comicios, algo que no parece sencillo a tenor de la sucesión de escándalos y la gravedad de éstos. Si no es así, el primer reto de los políticos será persuadir a los ciudadanos de que tiene sentido que salgan de sus casas para votar. Especialmente a los jóvenes, desilusionados con las dificultades para encontrar un primer empleo razonablemente remunerado y acceder a una vivienda cuyos precios son inalcanzables.